Una de las actitudes a las que nos hemos visto obligados a aprender por causa de la pandemia es la de sacrificar algunas libertades individuales en pro del bien común. El uso obligado de mascarilla, mantener la distancia de seguridad, usar desinfectantes al entrar a un lugar, sacar permisos o quedarnos encerrados, permitir que un desconocido nos tome la temperatura, entre otras, son parte del día a día de todos y las hemos aceptado porque entendemos que proteger a los que están más en riesgo merece cierto sacrificio, incomodidad y pérdida de libertad.
Lamentablemente existen casos en que, por no aceptar una supuesta violación a la privacidad, grupos reducido de personas exponen, todos los días, a un número inmenso de hombres, mujeres y niños que no tendrían porque aceptar esa condición de peligro; arriesgando su salud y su vida, muchas veces con la aceptación o vista gorda de las autoridades.
Ese riesgo es el que vivimos cada uno de nosotros y nuestras familias al utilizar la vía pública, sean calles, caminos, carreteras, veredas, estacionamientos, paraderos y otros, a causa de grupos minoritarios pero numerosos de conductores que no aceptan ser fiscalizados por las nuevas tecnologías anticolisiones, de detección de fatiga y control automático de horas de conducción, o de monitoreo de manejo descuidado.
“Quien nada hace, nada teme “, dice el refrán. Pero en estos casos, esa bandera de “protección de la privacidad” se parece mucho a un subterfugio legal, como si estuviéramos hablando de la misma categoría de, por ejemplo, un vendedor al que le colocan una cámara para, muchas veces realmente vigilarlo.
La tremenda diferencia es que, si ese vendedor actúa con irresponsabilidad o abusa de la confianza, los únicos que se verán perjudicados serán los dueños por las menores ventas o posibles robos y el vendedor mismo por las menores comisiones o porque lo descubran. Por el contrario, si un conductor actúa irresponsablemente esa acción puede terminar con el mismo conductor, su pasajero, un peatón u otro automovilista herido o muerto. Además de una cadena insospechada de daños materiales, morales y emocionales que afectan a la sociedad en su conjunto.
Todos tenemos derecho a viajar y movernos por la vía pública seguros y tranquilos, despreocupados de sufrir un choque o un atropello por alguien que utiliza como excusa, para no usar elementos de seguridad y prevención, estar protegiendo su “derecho a la privacidad”.
En estos tiempos, una persona que, por el motivo que sea, se rehúsa a utilizar mascarilla en un lugar público o a mantener la distancia segura, será rechazado por el resto de sus pares y amonestado por la autoridad por poner en riesgo a todos e ir en contra del bien común.
De igual forma debiera actuar la autoridad y los pares frente a quienes, aludiendo dudosos argumentos, se rehúsen a utilizar tecnologías que eviten accidentes producto del cansancio, distracción o manejo descuidado, pues en el fondo nos estaremos protegiendo entre todos e incluso a ellos mismos y a sus familias.
Rodrigo Serano, vicepresidente corporativo de Desarrollo e Innovación en Wisetrack Corp