Durante los últimos tres años, la Distribución Urbana de Mercancías (DUM) en Chile (y el mundo) ha experimentado importantes cambios que deben ser abordados de forma colaborativa entre los actores públicos y privados, a fin de delimitar los efectos nocivos de su acción y, al mismo tiempo, permitir su desarrollo eficiente y seguro, toda vez que se trata de una actividad estratégica y crítica para la supervivencia de las urbes.

El pasado 21 de marzo, los ministros de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, y de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, expusieron ante la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputadas y Diputados las indicaciones al proyecto de ley que modifica la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación, con el fin de “promover una mayor competencia en el cabotaje marítimo” ¿A qué apunta esta ley? ¿Cómo impulsa el transporte marítimo?.

Como es sabido, la cadena de suministro global es un sistema frágil que consta de numerosos eslabones y la interrupción de uno de ellos puede generar un efecto dominó a lo largo de toda la cadena, golpeando la performance del mercado y la economía a nivel mundial. Esto es justamente lo que ocurrió tras el advenimiento de la pandemia de COVID-19, la que resultó ser un evento de tal magnitud que detuvo industrias y cadenas de suministro enteras o redujo severamente su eficiencia.